14. Jaque al contrabando de hidrocarburos gracias a la inteligencia financiera
Bogotá, 19 de agosto de 2026.
El presente caso revela un esquema trasnacional de gran magnitud por contrabando de hidrocarburos, que surge del análisis del Reporte de Operación Sospechosa (ROS) enviado por la DIAN a la UIAF. En dicho ROS se señala que un grupo de sociedades dedicadas a la comercialización de combustibles, se asociaron con el fin de realizar un posible contrabando de hidrocarburo procedente de Venezuela. En fuentes abiertas, se identificó una investigación que lleva más de cuatro años, en la que la Agencia Federal ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas EE.UU) y autoridades judiciales de Colombia le siguieron el rastro a una organización del más alto nivel que habría logrado exportar crudo venezolano usando la infraestructura de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A). En esa indagación se revelaron los audios y documentos que comprometen a empresas en Colombia, Panamá y Venezuela por su participación en este escándalo multimillonario que, según las autoridades, habría dejado ganancias por encima de los USD 10.000.000 millones de dólares mensuales. La clave del caso es la multinacional petrolera ubicada en Colombia, constituida en el año 2011, la cual es subsidiaria de la sociedad petrolera ubicada en Chipre, la cual registra noticias negativas debido a que su cofundador es un empresario ruso sancionado en la lista OFAC por ser persona de confianza del presidente de Rusia. Así mismo, la sociedad estuvo involucrada en esquemas de sobornos con en Ecuador.
En la investigación, que nació en el año 2018, la Policía Nacional Colombiana rastreó 13 operaciones ilegales donde lograron descubrir una red de contrabando del más alto nivel que habría logrado abrir una ruta ilegal para exportar crudo venezolano usando la infraestructura de Ecopetrol en Colombia. Según lo anterior, mensualmente dicha organización exportaba aproximadamente un millón de barriles de petróleo: era un tema tan técnico que engañaban a las mismas autoridades. Dicha actividad les generaba ganancias multimillonarias.
(Noticias Caracol, 2022)
Interceptaciones telefónicas e inspecciones a buques y camiones fueron claves para comenzar a armar un rompecabezas que tiene respondiendo a varias personas jurídicas y/o dedicadas a la comercialización ilícita de hidrocarburos.
Una vez identificada la red, comenzó a realizarse el análisis económico financiero de cada uno de los involucrados con el fin de identificar redes transaccionales, lograr establecer bienes inmuebles, muebles y demás activos de posesión de la organización.
Para el desarrollo de este caso, se realizó la lectura de más de 25 ROS realizados por entidades financieras, sociedades fiduciarias, empresas del sector petrolero como la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A), Empresa de transporte por oleoductos (Cenit S.A.S) y Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). A nivel interno, se destaca el uso de diferentes bases de datos propias, fuentes externas, fuentes abiertas, como la implementación de trabajo cooperativo entre diferentes áreas misionales de la UIAF, principalmente en la elaboración de diferentes redes mediante metodologías analíticas y la implementación de modelos de ciencia de datos para la identificación de vínculos no observables de manera clara, a través de transferencias en efectivo, movimientos cambiarios u otras bases de interés, con el objetivo de determinar los actores principales y secundarios de dicha actividad ilegal.
Se efectuó análisis conjunto donde se determinó la posible participación de 17 personas naturales, la mayor parte propietarios de sociedades dedicadas a la comercialización de combustible en Colombia, aproximadamente 30 sociedades las cuales realizaban la importación, almacenamiento, transporte y exportación del petróleo.
Según el análisis de operaciones de comercio exterior, se evidenció que en las declaraciones de importaciones, se mencionaba que el petróleo era producido en países como Panamá, República Dominicana, Puerto RIco y Curazao. Sin embargo, al realizar un estudio en fuentes abiertas sobre el sector petrolero en dichos países, llama la atención que estos no son productos de éste, más bien sirven como almacenadores y/o permiten el tránsito del crudo procedente diversos países, lo cual llevó a considerar que realmente era de origen venezolano. Así mismo, se evidenció alteración de facturas, guías de transportes y alteración de la composición real del producto, ya que lo hacían pasar como aceites residuales de petróleos y no crudo 100%, por ende, pagaban menos aranceles a Colombia y les generaba una mayor ganancia.
A la llegada del producto a territorio colombiano, este era almacenado, transformado y/o se alteraban documentos de origen con el propósito de simular que se trataba de producto con origen nacional. Dicho proceso se realizaba en zonas francas y/o plataformas aduaneras posteriormente se realizaba la comercialización, en la cual operaban posiblemente empresas de papel y/o fachada de reciente constitución, con capitales entre USD 1250 y USD 12.500 los cuales eran muy inferiores a los ingresos percibidos por estas, también estaban ubicadas en zonas residenciales no acordes a la actividad económica registrada.
Se destaca el papel de una empresa comercializadora colombiana, ubicada en un establecimiento de venta de productos de panadería, la cual compraba el petróleo a los importadores y contrataba a compañías transportadoras fachada o de papel, ya que, no contaban con la capacidad financiera y/o económica y menos con la experiencia de dicho servicio. También realizaban la falsificación de guías de transporte. Finalmente, eran transportados al exportador a través de las vías del territorio nacional y la infraestructura de oleoductos de la Empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol S.A) y oleoductos Cenit S.A a nombre de una multinacional, quien finalmente enviaba el crudo hacia Estados Unidos, certificando que era de origen colombiano.
Dicho entramado se logró identificar a través de los vínculos a nivel de transacciones financieras, pagos al exterior y/o ingresos provenientes del exterior, pagos o transferencias a empresas colombianas por conceptos de pagos y/o servicios por transporte, almacenamiento, compra del crudo, también se identificaron plenamente la similitud en clientes y/o proveedores manejados por los involucrados en cada una de las cadenas de operación de la organización criminal. Para estos se constituyeron múltiples productos financieros, cuentas de compensación constituidas en el Banco de la República de Colombia y en Panamá, y a través de ellas se realizó la canalización de las divisas tanto de ingresos como de egreso.
Después de la entrega de cuatro informes de Inteligencia financiera a la Fiscalía General de la Nación y después del trabajo en conjunto con entidades gubernamentales como DIAN, y otros, así como recopilación de información de entidades financieras, aduaneras y de cooperación internacional con Unidades de inteligencia de Panamá y Estados Unidos, se logró impactar a la organización criminal a nivel financiero, lo cual fue de connotación nacional e internacional, ya que se vio afectada la economía y la seguridad del país.
Resultados operacionales
Los análisis realizados a nivel financiero y transaccional permitieron a las autoridades identificar la actividad operacional de la organización y lograr determinar una posible operación de Lavado de Activos, enriquecimiento ilícito, defraudación fiscal y aduanera de sociedades colombianas de reciente constitución dedicadas a la comercialización de combustibles en territorio nacional, las cuales, se vincularon comercial y financieramente con sociedades ubicadas en países centroamericanos como Puerto Rico, Panamá y Curazao con el fin de importar supuestamente residuales de petróleo, pero la mercancía no correspondía a estas descripciones y lo que realmente era comercializado concernía a petróleo crudo y con esto obtenían un mayor margen de ganancia. Como señal de alerta, se evidencian inconsistencias, puesto que, dichos países no son productores ni comercializadores de dicho producto, por ende, desconociendo el posible origen real del mismo.
Las personas involucradas en dicho entramado registran dos procesos judiciales: uno de carácter penal debido a que se pusieron de acuerdo para realizar actividades de comercialización, almacenamiento, transporte y venta de hidrocarburos, diferente a las que verdaderamente están autorizados por el Ministerio de Minas. Los supuestos responsables han sido acusados por la Fiscalía General de la Nación por los delitos de concierto para delinquir, falsedad en documentos privado, contrabando de hidrocarburos y receptación.
Otro corresponde a un proceso de extinción de dominio, en el cual se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo de bienes inmuebles y muebles ubicados en varias ciudades del país, los cuales registraban un avaluó de USD 302.325.581 ($1.300.000.000.000 Millones de Pesos Colombianos), incluyendo barcos, edificios, terrenos, establecimientos de comercio, casas de verano, automóviles de alta gama, tractocamiones, vehículos cisterna y otros activos.
los cuales registraban un avaluó de USD 302.325.581 ($1.300.000.000.000 Millones de Pesos Colombianos), incluyendo barcos, edificios, terrenos, establecimientos de comercio, casas de verano, automóviles de alta gama, tractocamiones, vehículos cisterna y otros activos.
Referencias
Noticias Caracol. (2022, 24 de julio). Gigantes petroleras, en la mira de EE. UU. y Colombia por supuesta exportación de crudo venezolano. Enlace a la noticia