Sobre las denuncias penales instauradas por el Director General de la UIAF ante la Fiscalía General de la Nación
Bogotá, 23 de junio de 2026.
En cumplimiento de la Ley 1621 de 2013 y de sus deberes constitucionales, el Director General de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Wilmar de Jesús Mejía, radicó ante la Fiscalía General de la Nación una serie de denuncias penales para solicitar la apertura de investigaciones contra múltiples personas naturales y jurídicas. Las acciones judiciales documentan la presunta comisión de delitos que habrían afectado el orden económico, los mecanismos de participación democrática y la administración pública.
"Como director de inteligencia estoy obligado a poner en conocimiento de las autoridades los hallazgos que dan cuenta de una supuesta conducta delictiva que involucra a muchos actores en el sector salud", precisó el director Mejía. Fueron tres las denuncias radicadas tras los informes de inteligencia financiera producidos por la UIAF:
Sobre presunta red transnacional creada para atacar al Gobierno Nacional
La primera denuncia penal fue radicada en contra de los representantes legales y el revisor fiscal de un entramado de empresas de gestión tecnológica y reputacional (que incluye firmas nacionales y sociedades espejo constituidas en el Estado de Florida, EE.UU.), presuntamente asociados al portal web Petroleaks. Dicho entramado se teje entre EE. UU., Colombia e Italia.
La inteligencia financiera detectó una presunta simulación de operaciones comerciales que habría servido para canalizar y blanquear capitales al margen del sistema financiero colombiano, presuntamente destinados a financiar una estrategia de guerra reputacional dirigida contra el gobierno actual y su partido político. La UIAF encontró supuestos incrementos patrimoniales injustificados y brechas dinerarias que superarían los $5.124
millones en una persona natural y más de $10.468 millones en la persona jurídica.
Asimismo, se alertó sobre la supuesta vinculación de recursos públicos al portafolio del grupo empresarial (provenientes de alcaldías, gobernaciones y hospitales) y se identificó la movilización de $585.070.400 COP vinculados a un partido político colombiano bajo el numeral cambiario 2270, recursos que presuntamente habrían sido destinados a financiar estrategias de afectación político-electoral.
Las conductas informadas se subsumen provisionalmente en los tipos penales de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir, omisión de activos e inclusión de pasivos inexistentes, financiación irregular de partidos políticos y defraudación o evasión tributaria.
Sobre presuntos delitos elecetorales
La segunda acción penal se dirige contra actores indeterminados por la presunta comisión de delitos contra los mecanismos de participación democrática y supuesta corrupción al sufragante durante las jornadas electorales del 7 y 8 de marzo de 2026. El análisis identificó el presunto uso sistemático de plataformas digitales de bajo monto (específicamente Nequi) como canal principal para dispersar y fragmentar fondos destinados a la aparente compra de votos.
La entidad documentó 3.135 transacciones inusuales por un valor total de $821.870.962 COP, cuyos mensajes de soporte contenían palabras explícitas asociadas a la supuesta contraprestación ilícita (tales como "10 votos", "pago por voto" o "plata del voto"). Al cruzar los datos de los ordenantes, la UIAF evidenció que una parte de las personas involucradas figuran simultáneamente como contratistas activos del Estado: 255 de los
remitentes registran 1.314 contratos en SECOP I (por más de $50 mil millones de pesos) y 115 personas registran 857 contratos en SECOP II (por más de $28 mil millones de pesos).
Este hallazgo constituye un fuerte indicio de que los dineros utilizados para la presunta compra de sufragios podrían provenir del desvío de recursos públicos de la contratación estatal, configurando provisionalmente los delitos de corrupción al sufragante, tráfico de votos, posible peculado por apropiación, financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas y lavado de activos como delito conexo.
Sobre presunta red criminal en el sector salud
La tercera línea de hallazgos expone una presunta red de corrupción integrada por 168 actores privados, presuntamente enfocada en desviar recursos públicos de la salud. El esquema estaría compuesto por una (1) EPS, diecisiete (17) IPS, tres (3) entidades financieras, dos (2) cooperativas, 43 personas jurídicas, 25 personas naturales y 83 contadores y revisores fiscales.
Los delitos denunciados bajo la presunción de ocurrencia incluyen peculado por apropiación, lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, falsedad en documento privado, falsedad procesal y presunto concierto para delinquir enfocado en desfalcar el sistema de salud.
La Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) reafirma su compromiso técnico e institucional con la protección del sistema financiero y los recursos de la nación.