5 de diciembre de 2014: Representantes regionales en política antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo realizaron seminario de evaluadores en Colombia

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Un sistema nacional como el descrito es aquel que cuenta con las normas, instituciones y mecanismos necesarios para obstruir y sancionar tanto el ingreso de recursos ilícitos en el circuito económico legal (lavado de activos), como la destinación de recursos de procedencia lícita o ilícita hacia el financiamiento de grupos armados al margen de la ley y/o de quienes incurran en actos o actividades de terrorismo.

Dado que estos sistemas han sido estructurados particularmente a partir de la receptación de las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi) vigentes desde el año 1990, cada país es evaluado a la luz de esos estándares internacionales.

Desde su actualización en febrero de 2012, los estándares hacen énfasis en que los países identifiquen y midan sus riesgos de LA/FT para, así mismo, diseñar y aplicar una política pública acorde a sus riesgos (Recomendación 1 del Gafi). En esa medida, se espera fortalecer la efectividad de los sistemas de prevención y represión de los delitos en mención y lograr una asignación más eficiente de recursos con ese fin.  

“El nuevo enfoque de riesgos de las recomendaciones del Gafi representa una oportunidad para unir al Estado, al sector público y privado y a la sociedad civil en torno a una lucha decidida contra delitos que no son lejanos ni abstractos, sino que están entrelazados con todos los fenómenos de criminalidad y violencia que aquejan al país, a la región y, en mayor o menor medida, al mundo entero”, señaló el Director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) de Colombia, Luis Edmundo Suárez Soto, quien encabeza la presidencia pro-tempore de Gafilat, como coordinador nacional.

El Seminario de Evaluadores que se llevó a cabo por primera vez en Colombia, fue organizado con el respaldo del Ministerio de Justicia y del Derecho, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y el proyecto Gafilat-Unión Europea, permitiendo que alrededor de 80 funcionarios públicos de la región se capacitaran y acreditaran para efectuar y apoyar a sus países en el recibimiento de las evaluaciones, las cuales están siendo desarrolladas bajo una nueva metodología de evaluación, aprobada y difundida por el Gafi en el año 2013.

Es destacable que los resultados de las evaluaciones son un indicador preponderante del compromiso político y la capacidad de normativa y operativa de un país para blindar a sus sectores económicos y a la sociedad del alcance de los delitos de LA/FT. En consecuencia, las implicaciones del desempeño de un país en su evaluación pueden ser trascendentales, manifestándose, por ejemplo, en el nivel de confianza de inversionistas y/o en distintos tipos de decisiones económicas o políticas, adoptadas unilateral o multilateralmente.

Colombia – que en su última evaluación en el año 2008 alcanzó la posición más alta entre los miembros de Gafilat en términos de su cumplimiento con la mayoría de las recomendaciones del Gafi – cuenta desde el año 2013 con el documento Conpes 3793 de la política nacional antilavado de activos y contra la financiación del terrorismo, así como con una evaluación nacional de riesgos de LA/FT desarrollada con participación público-privada y el soporte técnico del Banco Mundial.  

Se espera que a raíz de lo anterior y de los logros en el último cuatrienio en materia de inteligencia financiera y de investigación y judicialización del delito, entre otros resultados, el país esté dando pasos significativos en preparación para su próxima evaluación, cuya fecha está por definir.